Baja de edad de imputabilidad (políticas que no)

Hace no mucho, dos nenes de 12 años caminaban por uno de los centros de la Ciudad de La Plata con una piedra en la mano, mientras tanto, un hombre gritaba de la cuadra de enfrente que los iba a matar y una mujer que llevaba dos niñeces le decía que se calmara, que eran apenas unos niños. Me acerqué al nene que llevaba la piedra en la mano y le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí sin soltar la piedra. Le propuse que lo hiciera y les pregunté a ambos si tenían hambre. “Sí, tengo hambre”. Fuimos a un almacén, entraron corriendo. Me quedé cerca de la puerta.

Te llaman - me dice uno de los trabajadores, y señala al otro que hacía señas desde la fiambrería.

¡Decime! - le contesto mientras acudo a esa parte del almacén.

Les hago un sánguche partido al medio, ¿no?

Un poco desorientada, contesto,

No, son dos, hacé dos.

¡Ah! bueno.

Más allá de que vivimos en un mundo regido por lógicas adultocéntricas que omiten los derechos de las niñeces y adolescencias, somos testigos de una sociedad que además las criminaliza. El pedido de la baja de edad de imputabilidad, por ejemplo, pone de relieve esta visión del mundo que repite lo que hace décadas -o siglos- escuchamos: la juventud está perdida. En esa volteada caen niñeces y adolescencias que ven sus derechos vulnerados incluso antes de nacer. Como la portación de cara pero portación de familia o barrio. A este público apunta Espert cuando confirma sus ideales: endurecer las penas y promover más medidas represivas para combatir la delincuencia y la ¿inseguridad? El otro público es el de la sociedad que observa y participa, por acción y omisión, de sus propuestas.

En lugar de pensar en salidas estructurales que den cuenta de una seguridad en términos educativos, sanitarios, habitacionales o económicos se piensa en salidas de (in)seguridad en materia represiva. Tal como lo plantea Claudia Cesaroni en su último libro "Contra el Punitivismo”. Esas salidas se ven reflejadas no sólo en la práctica de los organismos represivos sino sobre todo en la visión de mundo de una parte -importante- de la sociedad.

Ese hombre que le grita “te voy a matar” a un nene de 12 años que según su relato quiso arrebatarle a billetera, no le grita solo a ese nene, le grita a las villas, a su piberío, a las personas privadas de su libertad y a sus hijes. Es el mismo varón que podría decir: “hay que poner una bomba y que revienten todos” en medio de una conversación familiar -muy serena, sobre todo- típica de un 24 de diciembre.

Según un estudio llevado adelante por parte de la Procuración Penitenciaria de la Nación, “Más allá de la prisión”, la mayoría de las personas a las que entrevistaron para realizarlo (196), manifestaron haber sufrido situaciones de violencia física y verbal por parte de las fuerzas policiales a la hora de su detención. El informe se enfoca en las personas privadas de su libertad con hijes por fuera de la prisión. Esto significa que esas niñeces y adolescencias, fueron testigo de la violencia policial ejercida sobre sus adres y de abusos infringidos contra ellas mismas. Una situación por lo menos traumática. Esto se suma a un hecho no menos traumático:

En el 62% de los casos, la persona privada de la libertad era el principal sostén económico de la familia previo a su detención.

Sobre todo varones -por motivos en los cuales no indagaré pero que se vinculan con distribuciones patriarcales de la jerarquía familiar - que ocupan el 95% del total de personas privadas de la libertad de la Provincia de Buenos Aires, según datos del Sistema de Ejecución de la Pena publicados en 2019.

En Argentina, se estima que hay 146 mil niñes y adolescentes con familiares privades de su libertad

Lo anterior implica una reorganización importante en las tareas domésticas, en la forma en que ingresan recursos económicos, etcétera. Cuando la persona que es privada de la libertad es la madre, muchas veces sus hijes pasan a órbitas de otres familiares tales como abueles, tíes, amigues de la familia (casi siempre mujeres), cuando no a las del Estado (hogares de transición). Esto también se materializa como una situación de trauma para esas niñeces y adolescencias que sufren el desapego brusco de sus referencias.

Cuando la persona detenida es el padre, en el 84% de los casos los hijos quedan a cargo de la madre mientras que un 19% de las mujeres detenidas indicó que el padre es el responsable cuando son ellas las detenidas. Reflejo de quién toma las riendas de la crianza y de que hay una división del trabajo en el ámbito familiar definida por condiciones de género. También existen casos en que la niñez o adolescencia no queda a cargo de nadie. Literalmente, de nadie.

Muchas veces, por decisión de la persona que queda a cargo de la niñez o adolescencia, se pierde contacto casi total con quien está detenide. Las razones son muchas, pero la que gana por goleada: protección de la persona menor en materia emocional. Ahora bien, ¿qué pasa con el derecho a vincularse con su papá, mamá, hermano, hermane, etcétera? ¿Quién garantiza el cumplimiento del deseo de esa niñez o adolescencia de no perder contacto con su referencia? No cuestiono la decisión de la persona a cargo de no permitirlo porque son motivos válidos. Ahora bien, ¿no se pueden crear herramientas que aporten a ese diálogo y que reduzcan lo traumático de cortar el lazo familiar de un segundo para el otro?

Solo el 23% de las niñeces y adolescencias entrevistadas visitan a su padre o madre en el contexto de encierro de forma relativamente frecuente.

“Cuando Miranda tenía ocho años, presenció un allanamiento nocturno en su casa, cargado de violencia. Ese día se llevaron detenidos a su papá y su mamá, y durante ese lapso quedó a cargo de sus abuelos y sus primos.”

Los anteriores son relatos de niñes y adolescentes ante la detención de una persona de su núcleo familiar. Las mismas quedan, por cercanía, atadas a nociones de criminalidad. Destinadas, por proveniencia, a ser “criminales, violentos y drogadictos”. Sin embargo, 3.908 es el número de adolescentes que estaban privades de su libertad o incluidos en algún programa de ese tipo en todo el país. O sea, del total de personas que habitan la Argentina, 3908 fueron, en 2019, jóvenes privados de su libertad ambulatoria. Número que está por debajo de otros realmente alarmantes, por ejemplo el número de personas por debajo de la línea de pobreza en el mismo año: 18,5 millones.

Cuando decimos niñas no madres, debemos pensar, además en aquellas niñeces que se ocupan de las tareas del hogar como si fueran adultas. No lo son.

A eso, el Estado debe dar respuestas. Pero también debe hacerlo la sociedad a través de la contención y acompañamiento de esas niñeces y adolescencias. Garantizando el acceso a la educación pública y gratuita, a la salud, al juego, y a una vida digna. La garantía del acceso a derechos humanos básicos no está en manos, solamente, del Estado como lo conocemos: un organigrama de instituciones gubernamentales sino también de la responsabilidad de la sociedad de fomentar la descriminalización y contención de esas niñeces y adolescencias que están en contextos de suma vulnerabilidad económica, sanitaria, habitacional… la verdadera inseguridad.

Fuente:  Pascolini, Julia, "Baja de edad de imputabilidad (políticas que no)"